En lo demás no nos ponemos de acuerdo en nada. Las cámaras nacieron para que la gente llegara viva a su casa y terminaron llenándole los bolsillos a unos vivos. Aquí está el proyecto de ley que acaba el negocio.
Hay una razón por la que hay cámaras hasta debajo de las piedras: en muchos contratos, el que instala la cámara gana por cada multa que se impone. Entre más comparendos, más plata para el operador.
Con ese incentivo, la cámara no se pone donde la gente se mata. Se pone donde la gente paga. Te llega una fotomulta de hace meses, nunca te notificaron, no sabes ni dónde fue, y toca pagar: sin eso no vendes el carro ni renuevas la licencia.
Antes de terminar, la Superintendencia de Transporte destapó la olla: abrió investigación contra 37 organismos de tránsito —Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, entre otros— por imponer fotomultas con cámaras que no cumplían los requisitos. Siete millones y medio de comparendos quedaron bajo la lupa.
El presidente ordenó revisar el funcionamiento y la legalidad de todas las fotomultas del país, advirtiendo que estaban siendo usadas con fines recaudatorios, y el Ministerio de Transporte ya suspendió cámaras y anunció requisitos más estrictos.
Dos gobiernos que no coinciden en nada coinciden en el diagnóstico. Pero las revisiones se van con cada gobierno: el negocio está metido en la ley, y de la ley solo se saca con otra ley.
Un articulado de 19 artículos que reforma la Ley 769 de 2002, la Ley 1843 de 2017 y la Ley 2161 de 2021. Esto es lo esencial:
El operador de la cámara cobra una tarifa fija por instalación, operación y mantenimiento. Queda prohibido, con ineficacia de pleno derecho, cualquier pago atado al número de multas o al recaudo. Multar deja de ser rentable, gobierne quien gobierne.
No es lo mismo pasarse cinco kilómetros por hora que cincuenta. La sanción se gradúa por rangos según la gravedad del exceso: el leve paga menos, el temerario paga más y arriesga la suspensión de su licencia hasta por seis meses.
Cada comparendo trae un código de verificación: entras a un registro público nacional y compruebas si esa cámara estaba autorizada y calibrada el día exacto de la foto. Si no cumple, la multa no vale.
Si te multaron con una cámara irregular, te devuelven lo pagado con actualización monetaria. La entidad responsable paga una sanción de hasta el doble de lo recaudado y el funcionario que lo permitió responde disciplinariamente.
Mueve el control hasta lo que marcaría el radar por encima del límite. La herramienta descuenta primero un margen de tolerancia de 5 km/h y solo sobre el exceso restante aplica los rangos del proyecto, expresados como porcentaje del valor que hoy fija el Código Nacional de Tránsito.
Desliza hasta lo que marcaría el radar. La herramienta descuenta 5 km/h de tolerancia.
El proyecto ata la tolerancia a la incertidumbre de medición certificada de cada equipo; esta herramienta usa 5 km/h como referencia ilustrativa.
Ese voto te da derecho a exigirle. El Congreso tramita lo que los ciudadanos empujan. Tres pasos:
El texto completo del articulado, en PDF, listo para adjuntar.
Puedes editarlo o enviarlo tal cual. Firma con tu nombre y tu ciudad: los congresistas responden a sus regiones.
Busca en los directorios oficiales del Congreso al representante o senador por el que votaste —o al de tu región, si prefieres— y envíale el mensaje con el PDF adjunto. También puedes difundirlo:
Directorios oficiales: Cámara de Representantes y Senado de la República.
Si en lo único que estamos de acuerdo como país es en esto, hagámoslo ley de una vez.